“Los gobiernos provinciales por medio de sus
legisladores deberían urgentemente impulsar una ley que declarare la Emergencia
Habitacional y social y no tan sólo la emergencia del caudal público”.
El educador social José Yorg visualiza un
terrible problema social producto del DNU del actual gobierno nacional y fijó
su postura exponiendo que “prende la mecha de un explosivo problema para los
inquilinos y los gobiernos provinciales, toda vez que los desalojos
incrementarán conflictos sociales”.
Agregó que “El derecho a la vivienda y todos los derechos humanos y
sociales de una república regida por una democracia se desmorona y se instala
la ley de la selva, del más fuerte, del mbareté y pokaré, se abre un tiempo de
irritación sin límites que quebrará la paz social”.
“Los gobiernos provinciales por medio de sus legisladores deberían
urgentemente impulsar una ley que declarare la Emergencia Habitacional y social
puesto que esa es la realidad y así impedir
desalojos que generen un tremenda injusticia social”.
Un absurdo
social y un crimen político.
“El decreto nacional 70/2023 declara la emergencia previsional, emergencia sanitaria,
emergencia administrativa, emergencias sociales, emergencia fiscal, emergencia
tarifaria, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, desregulación
económica, constituyendo por su propia esencia un absurdo social, un
contrasentido económico y un crimen político”.
“Es una medida absurda porque ataca los intereses sociales y empuja a una
vida aún más precarizada que la actual, así la economía del pueblo se va al tacho, pues
no declara la emergencia habitacional, de salubridad, de trabajo, de
educación, etc., por esa línea, sin dudas, es un crimen político”, cerró Yorg.
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